Al Ayuntamiento de Palma de Mallorca el mobbing le cuesta 260.000€
Los delegados de prevención de Emaya, empresa municipal de aguas
del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, denuncian que los costes de
indemnizaciones por motivo de mobbing
y vulneración de derechos a la integridad moral, dignidad del trabajador y
acoso discriminatorio alcanzan ya los 260.000 euros.
El último caso de
mobbing
denunciado en el que están implicados el vicepresidente de la Emaya y su hijo es la punta del iceberg
El último caso de acoso
laboral denunciado en la Empresa Municipal d´Aigües i Clavegueran
(Emaya) por una trabajadora que ocupó el cargo de directora del Centro Natura,
en el que están presuntamente implicados el actual vicepresidente y conseller
del PP en el Consell de Mallorca, Bernat Roig, y su hijo Alejandro, es tan solo
la punta del iceberg de la conflictividad detectada en esta empresa pública,
dependiente del Ayuntamiento de Palma de Mallorca.
Costes al erario público por continuas infracciones
En esta cantidad se incluyen los 50.000 euros que recibirá en
concepto de indemnización por despido improcedente la exdirectora del Centre
Natura, además de los 70.000 euros correspondientes a una sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Balears contra otro caso de prácticas discriminatorias por parte
de la empresa, varias sanciones por omisión del deber de protección de la
seguridad y salud de los trabajadores, además de indemnizaciones y despidos por
vulneración de derechos fundamentales.
Cabe sumar también en el anterior apartado los 28.000 euros que
costó el contrato con la empresa Audit&Control estrés, que elaboró un
informe a mediados del año pasado sobre la situación de la empresa ante la
avalancha de casos denunciados, varias indemnizaciones por accidentes
laborales, además de las sanciones
impuestas recientemente por la Inspección de Trabajo por un importe de 8.000
euros, tras la denuncia por parte de varios trabajadores del turno de noche por
presunto acoso.
Auditoría externa informa del alto riesgo de acoso en el
trabajo
Del informe elaborado por Audit&Control extrés, consultora externa
especializada en el diagnóstico, estudio y prevención de riesgos psicosociales
en el trabajo se
concluye que riesgo de acoso es alto, especialmente en el área de
Medio Ambiente y, en concreto, en el departamento de recogida. Se señala, por
ejemplo, que el origen de los riesgos psicosociales de trato discriminatorio se
pueden relacionar con "la
ausencia de criterios profesionales en el servicio de recogida".
En concreto, el estudio señala que la asignación como jefe de
departamento de una persona que es, a su vez, secretario general del sindicato
minoritario Sitemaya "favorece
a sus afiliados en la toma de decisiones y en aspectos como el posicionamiento
en puestos estratégicos en la empresa".
Asimismo, se señala la existencia de diferencias significativas
entre los diferentes turnos de recogida y también entre departamentos (recogida
y limpieza).
Por otra parte, en relación a la política de promoción de
personal el informe independiente señala que "no existen criterio claro y objetivo en cuanto a competencias
y perfil profesional, independientemente a la afiliación sindical y política de
los trabajadores".
Por ello, se indica que "se ha podido propiciar la promoción de trabajadores que,
en principio, pueden no cumplir los criterios establecidos por Convenio o por
la política de empresa". El estudio señala asimismo que
tampoco "se han podido
identificar claramente cuáles son los mecanismos o procedimientos para la
recolocación de trabajadores", puesto que "no existen criterios definidos que
permitan valorar objetivamente cuándo se facilita o no la recolocación del
trabajador".
Posible trato de favor
Por lo que respecta a la asignación de rutas, servicios,
brigadas o camiones en el turno de noche, el informe concluyó que "no existe rotación de zonas y servicios,
por lo que puede existir un trato de favor al respecto, ya que se deja a
criterio del jefe de sector dicha asignación".
Asimismo, el informe señala que no existe tampoco "una evaluación del desempeño de las
funciones y tareas de los trabajadores". Lo anterior "facilita la subjetividad y la
percepción de inequidad en la asignación de rutas, servicios, brigadas o
camiones entre los trabajadores".
Reacciones de los grupos municipales
El grupo municipal del PSOE, Aina Calvo, exige al alcalde, Mateo
Isern, que destituya de su cargo como vicepresidente de Emaya a Bernardo Roig,
que en la actualidad también es conseller insular en el Consell de Mallorca en
representación del Partido Popular. Asimismo, Calvo exigió, "el despido
inmediato de su hijo, así como la readmisión, si procede de la trabajadora presuntamente
acosada laboralmente cuyo despido ha sido declarado improcedente".
De igual forma, el grupo municipal socialista ha solicitado la
comparecencia del presidente de la empresa, el teniente de alcalde de Medio
Ambiente, Andreu Garau, para que explique en el próximo pleno los pormenores de
la denuncia de acoso laboral.
Declaraciones de EMAYA
Ayer el presunto acosador manifestó a este periódico que, en
realidad, el perseguido y acosado por la directora despedida era él. Negó que
hubiera proferido los insultos y amenazas que describe la extrabajadora de
Emaya en su escrito de demanda ante el juez y recordó que él es "un simple
peón" al que la exdirectora le excluía cada día de las reuniones que
hacían.
Aseguró que, como máximo, las palabras más gruesas que profirió
contra la ex directora fue que le dejara en paz. También exculpó a su padre
asegurando que el contenido de la reunión mantenida con la trabajadora
despedida "fue muy distinto al que ella declara" y manifiesta que
puede probarlo porque existe una grabación.
Por su parte, el presidente de Emaya, Andreu Garau, visiblemente
molesto en la comisión informativa, comenzó su intervención afirmando que la
información publicada por este periódico "fata a la verdad y confunde a
los ciudadanos y a todos ustedes".
Para el presidente de Emaya, el despido se produjo del 22 de
septiembre de 2011 porque esta trabajadora ocupaba un cargo de confianza como
directora de un centro que la actual dirección había decidido cerrar. Afirmó
que el coste para la empresa de esta trabajadora, contratada en la época de
Unió Mallorquina era de 60.000 euros y se pactó un despido improcedente.
Una vez comunicada esta decisión, la trabajadora presentó una
demanda reclamando la nulidad y solicitando la readmisión. Es en este momento,
cuando presenta el escrito de demanda que la trabajadora describe el acoso
laboral al que ha sido objeto por parte de Alejandro Roig, por una parte, y por
el actual vicepresidente de la empresa, Bernardo Roig, la empresa decide que se
dirima en los tribunales, con el objeto de que haya "luz y taquígrafos".
Garau indicó que, en su día, el asunto ya se investigó.
Aseguró que en el momento del despido "nadie sabía si la
trabajadora estaba embarazada a no" y afirmó que, a su entender, el fondo
del asunto consiste en "un problema de cantidad", en relación a la
indemnización reclamada. Por su parte, insistió en que "el presunto
acosador es un peón que estaba a las ordenes" de la empleada despedida y
Bernardo Roig no ocupaba ningún cargo en la dirección de la empresa en la
anterior legislatura. Como consecuencia del acuerdo alcanzado el miércoles en
el juzgado de lo social, se pasó de una indemnización inicialmente acordada de
33 días por año trabajado a otra de 45 días, que es la máxima permitida por la
legislación vigente.
Fuente: Diario de Palma
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